El primero en usar la palabra “terrorismo” para la escalada de crímenes narco en Rosario, fue el periodista Germán de los Santos el jueves pasado ya entrada la noche. Ahora se sabe que la definición había partido del propio gobernador Maximiliano Pullaro, luego de que atacaran a balazos a un colectivero con el ómnibus repleto de pasajeros.
El mero uso de esa palabra “terrorismo” describía una nueva fase de la escalada narco: generar terror a nivel masivo para condicionar al estado, es decir a la ley. El narcoterrorismo, por definición, amenaza a los cimientos del sistema democrático cuando intenta limitar su accionar y busca suplantar la ley por otro tipo de ley, la ley del miedo, en vez del miedo a la ley.
¿Quién puede decir que la ley mandaba en Rosario? Hacía tiempo que no se combatía al narcotráfico. Y mucho menos se lo mantenía a raya, como se suele decir, administrando el crimen organizado. La empresa narco había crecido en poderío y en influencia a tal punto que el estado parecía anestesiado, impotente o directamente cómplice.
Quizás pocos lo tengan presente, pero probablemente el preludio de un plan de terror público, vino mucho antes, en un ejercicio tan desafiante como impune, pero con todos los condimentos para exhibir poder. El país se aprestaba a entrar en la campaña electoral por las PASO, y en Rosario se jugaba el partido de despedida de Maxi Rodríguez. El propio Lionel Messi asistía esa noche del 24 de Junio al estadio de Newells. Pero no iba a ser el ídolo del fútbol el principal centro de atención de la fotografía del plantel sino la bandera gigante de Los Monos que se desplegaba detrás de ellos, encargada desde la cárcel por su propio jefe, Ariel Cantero como se desprendió luego por escuchas telefónicas. Había sido confeccionada en Isidro Casanova, La Matanza y había costado al menos dos millones de pesos. “Delito de Intimidación Pública”, dijo el fiscal, sin dudarlo sobre la maniobra para ostentar poder. Detrás del banderazo de terror había una guerra entre facciones de la barra lideradas por dos sectores de Los Monos cuyos jefes accionaban desde la cárcel sin ningún tipo de límite. Hace tiempo que las cárceles habían dejado de ser un freno para los narcos en Rosario. Más bien eran una continuidad de la oficina, desde donde seguían manejando las calles, la vida y la muerte. La mayoría de los delitos se organizaban allí.
El cambio de gobierno trajo aparejado un endurecimiento de los controles en los penales de máxima seguridad incluyendo la inhibición de celulares y luego del ataque al micro donde viajaba personal del servicio penitenciario una requisa estilo Bukele que parece haber sido la antesala de la seguidilla de crímenes de sicarios contra inocentes que sumó en las últimas horas, el asesinato a sangre fría de un joven playero.
Poco antes un cartel rudimentario había anticipado la sentencia: “Vamos a matar más inocentes por año. No queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia y que se los respete.”
No hacía falta saber que el mensaje llegaba desde la cárcel.
“Son ellos o nosotros”, dijo el presidente Milei poco antes de que se integrara el Comité de Crisis que intenta “recuperar la paz y ganarle al terror”.
Saturación con fuerzas federales, duplicación de penas para quienes busquen implementar el terror, una ley antibandas para que la culpa recaiga en todo el que participe de la organización criminal, el mapa de las bandas, la lucha contra el lavado de dinero y el aislamiento de los capos narco en las cárceles. Esa fue la batería de medidas anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich:
No nos van a doblar los brazos, no vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narco terroristas. Estamos en un momento difícil pero la vida de los ciudadanos la vamos a proteger con toda la fuerza que tenemos.
La convocatoria al comité de crisis también permite la intervención logística de las Fuerzas Armadas.
Pero volver a instaurar el imperio de la ley no será sencillo. Rosario era una verdadera zona liberada. Ese estado de cosas está siendo desafiado ahora y por eso el gobernador Maximiliano Pullaro pidió herramientas extraordinarias y excepcionales y anunció recompensas de diez millones de pesos a quienes den información sobre los autores intelectuales a quienes advirtió que se pudrirán en la cárcel.
Que sepan a quienes se animaron a cruzar esta línea, queremos decirles que vamos a dar con cada uno de ellos y van a pasar toda su vida pudriéndose en la cárcel porque van a tener la pena de prisión perpetua.
Pero toda esta decisión política, con su despliegue y objetivos, choca con la realidad inmediata del miedo, en una ciudad paralizada por el terror narco donde la noche se ha convertido en un territorio inhóspito, sin estaciones de servicio, ni transporte ante la amenaza contra inocentes. Las cacerolas sonaron anoche desde los balcones.
Vaya paradoja la de la ciudad de la bandera: mientras las cárceles eran territorio amigo para los narcos, los que terminaron presos en sus casas, son los ciudadanos.
Lo que está en juego, se conoce muy bien en otros países de Latinoamérica con el caso paradigmático de Colombia, donde el nombre de narcoterrorismo apareció precisamente cuando el Cartel de Medellín comandado por Pablo Escobar buscaba evitar las extradiciones de los capos narco a Estados Unidos y desató el terror, con coches bomba, secuestros y asesinatos de inocentes mientras buscaba mantener su influencia en los poderes del estado.
Si no se para el avance del narco terrorismo lo que sigue, precisamente, es el narco estado. Todo eso está en juego: que los narcos sean otra casta, que traccione su poder, con terror, sangre y fuego.
