Cristina Kirchner es corrupta: lo afirma una condena con fundamentos en primera instancia. Aunque la sentencia no está firme estamos ante algo sin precedentes por tratarse de una vicepresidenta en ejercicio.
Quien fuera su vicepresidente, Amado Boudou, fue el primer vicepresidente condenado por corrupción por intentar quedarse con la empresa que imprimía el dinero del país pero no estaba ya en el poder. Un poco más de dos años después la Corte Suprema dejó firme esa sentencia.
En aquél momento Boudou debía cumplir 5 años y 10 meses de prisión. En el caso de Cristina Kirchner, la condena a 6 años de prisión por defraudación al estado e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos podría ser o no confirmada por la Cámara de Casación y ese Tribunal también podría expedirse a favor de la figura más grave por la que la acusaron los fiscales: asociación ilícita, que eleva la pena a 10 años. Podemos adelantar que el fiscal Diego Luciani insistirá en pedir que se condene a Cristina Elizabet Fernandez como jefa de una asociación ilícita.
El destino final de la condena recaerá en la Corte Suprema, y eso explica la ferocidad de los ataques a ese Tribunal, no sólo por esta causa sino por las que aún aguardan el camino del juicio oral: cuadernos de las coimas, y eventualmente Hotesur y Pacto con Irán si así lo decide la Cámara.
Una pregunta recurrente es si Cristina Kirchner irá a la cárcel de confirmarse o agravarse la sentencia.
Por su edad la vicepresidenta podría atenerse a los beneficios de la prisión domiciliaria ya que cumplió 70 años en febrero pasado, pero sólo basta un repaso por su frente judicial para concluir que pasará los próximos años en el banquillo y en dos o tres años se sabrá si debe cumplir prisión en caso de confirmarse esta primera condena.
Es importante detenerse en algunos de los conceptos relacionados con la corrupción en general y con la condena por el caso Vialidad en particular que se desprenden de una primera lectura de los fundamentos del Tribunal Oral 2, al que la acusada increpó a los gritos cuando compareció pocos días antes de asumir como vicepresidente diciéndoles que la historia los juzgaría. Ellos finalmente la juzgaron a ella en medio de una tremenda presión desde lo más alto del poder político no exenta de amenazas.
“Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país”. “Se ha acreditado la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”. El tribunal habla de “vínculos promiscuos y corruptos entre los funcionarios y las empresas de Lazaro Baez. “La magnitud de la empresa criminal supuso una planificación y una sofisticación magnifica”, sintetiza.
“Se concretó un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas” por un valor neto de $ 646.123.145,75. Este monto surge de la suma de los 51 expedientes y la diferencia entre el costo de las licitaciones y lo efectivamente asignado a la empresa que además se quedó con el 80% de las licitaciones de la región.
Baez era el Patron de la Patagonia. El patrón o mejor dicho el mayordomo. La diferencia entre lo que debía pagar el estado y lo que pagó “es rayana al 20%”, dice el tribunal. Ejemplos: un expediente de 214 millones se pagó 241 millones; y un expediente de 199 millones se pagó en 238 millones. Es decir 26 y 36 millones de más.
Pero me reservo una particular consideración para una definición del tribunal que excede este caso y que apunta a la corrupción como una suerte de sistema imperante: “La falta de sanción judicial de esas prácticas corruptas parece ser una función deseada del sistema y su sostenimiento en el tiempo con un claro fin: garantizar la impunidad”.
Y aquí, es que el castigo a la corrupción adquiere relevancia como advertencia de que el poder no es una licencia para robar y de que el que las hace las paga.
Si están las leyes pero no se cumplen y la justicia mira para otro lado, lo único que se afianzará es el sistema corrupto hasta que ya sin límite, la corrupción sea el sistema.
Como anticipé al comienzo de este comentario: estamos ante una lectura preliminar y falta que se expidan la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Más allá de los tiempos de esos tribunales, este es el debido proceso y la gravedad institucional que implica que la acusada sea una vicepresidenta en funciones durante su rol como presidenta advierte sobre los alcances de este veneno de las democracias, como lo es la corrupción. Como dice el artículo 36 de la Constitución Nacional: “atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso que conlleve enriquecimiento”. La corrupción atenta contra la democracia.
