Sociedad

Miércoles 26 de agosto de 2015

Los alumnos del Nacional de Buenos Aires que destrozaron una iglesia van a juicio oral

El fiscal Pollicita cerró la instrucción del caso en el que se investiga tanto los destrozos en la iglesia como la amenaza al rector del Colegio.

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Para la Justicia no hay dudas. Cinco alumnos* del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) fueron responsables por los daños sufridos por la Iglesia San Ignacio de Loyola en septiembre de 2013 mientras había una toma en el establecimiento educativo.

El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, dio por terminada la instrucción y le pidió al juez Norberto Oyarbide que eleve la causa a juicio oral y público. En la misma elevación a juicio se cerró la investigación para los autores de los destrozos en San Ignacio y para un alumno que había amenazado por correo electrónico al rector del CNBA Gustavo Zorzoli.

Los alumnos procesados, que en la actualidad tienen entre 19 y 20 años, irán a juicio por el delito de daño y otro por el de amenazas. En septiembre de 2013 durante una toma del CNBA un grupo de alumnos entró a San Ignacio, la iglesia que linda con el Buenos Aires, y produjo destrozos, pintadas y el incendio de algunos muebles.

Según se desprende de la elevación a juicio oral a la que accedió Infobae en fuentes judiciales, desde el primer día comenzó a circular en la comunidad del Colegio el nombre de los autores. El rector sabía quiénes habían entrado a San Ignacio: se lo habían revelado mediante mails e inclusive a través de mensajes enviados a su cuenta de Twitter.

En la causa declaró el párroco de San Ignacio, Francisco Baigorria, quien señaló que cuatro alumnos se presentaron ante él y confesaron haber cometido los destrozos. Pero no reveló sus nombres amparado en el secreto que rige su actividad. También dijo Baigorria que una alumna que cursaba cuarto año por entonces, le pidió mediante un correo electrónico, que recibiera a uno de los responsables de los hechos. La alumna también declaró en la causa y aseguró que uno de los que ingresó a San Ignacio le dio los nombres del resto y distinguió entre los que solo ingresaron y los que llevaron adelante los destrozos.

En la causa judicial no se los diferencia. Todos serán enjuiciados por el delito de daño que está contemplado en el artículo 183 del Código Penal, que prevé que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno…”.

A los que destruyeron parte de la Iglesia de San Ignacio se les agrava la situación en virtud de lo que señala el artículo 184 inc. 5° del Código Penal que establece que cuando el daño sea ejecutado en “…archivos, registros, (…) u otros bienes de uso público; o en (…) monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos” la pena será de tres meses a cuatro años de prisión.

El alumno que mandó el mail amenazando a Zorzoli también confesó. Aquel mail decía “URGENTE señor rector” y “sacá las sanciones o se te pudre todo la puta que te pario mira que sabemos donde vivís Paso XXX (la dirección no se publica) 4 B, a los pibes no se los sanciona. Último aviso”.

El alumno confesó que había enviado el mail desde la casilla de correo de un compañero y desde la computadora de otro. Se hizo cargo y su pedido de disculpas quedó plasmado en una carta que le envió al rector y que figura en el expediente judicial: “Como le manifesté en forma personal, estoy real y totalmente ARREPENTIDO por haber sido partícipe del mail agraviante a su persona que le fuera enviado semanas atrás; realmente tomé conciencia que la “picardía” no era tal, sino que resultó ser una agresión gratuita y sin sentido alguno, más teniendo en cuenta que no me encontraba afectado por las sanciones por la toma, que además de generarle un gran disgusto y una gran tristeza a su persona, involucró a tres compañeros más que, en este caso, no tenían nada que ver (…)”.

De todos modos irá a juicio oral y público de acuerdo a lo estipulado por el artículo 149 bis del Código Penal de la Nación, que reprime con prisión o reclusión de dos a cuatro años al que “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

Los que orinaron y quemaron parte de la Iglesia de San Ignacio y pintaron el piso de ese lugar, irán a juicio junto con el que amenazó al rector. Un Tribunal Oral decidirá si son culpables penalmente por lo que hicieron.